Lo que comenzó como una protesta pacífica de algunos deportados de Venezuela a finales de 2015, terminó en un problema social que nadie ha podido resolver. Las autoridades correspondientes dicen haber agotado todos los recursos para solucionar las exigencias de los manifestantes pero los afectados creen que no son suficientes.
Cuando se cumplen ocho meses de frontera cerrada -y se creía que los albergues para connacionales habían desaparecido- 14 familias de repatriados decidieron instalarse en el barrio Pescadero a las afueras del Centro Scalabrini de Migraciones de Cúcuta, con el objetivo de exigirle a instituciones nacionales y regionales soluciones concretas a sus requerimientos laborales y de vivienda.
44 personas, de las que se sobresalen 25 menores de edad, han vivido durante cuatro meses en carpas con logotipos de “Colombia Humanitaria”, las mismas que el gobierno les entregó para que tuvieran un techo donde pernoctar después de retornar del país vecino. Otros tantos duermen en improvisados cambuches de plástico que les sirven para protegerse de la intemperie.
Hay casos en donde hasta ocho personas tienen que dormir dentro de una carpa. Como la mayoría son niños pequeños, los padres los acomodan de tal forma que todos quepan dentro. En ocasiones los adultos prefieren acostarse sobre algunas colchonetas tiradas en andenes para no incomodar a sus hijos.
“Nosotros no tenemos nada. No tenemos para donde irnos porque todo lo perdimos en Venezuela. Lo poquito que teníamos lo perdimos” dice Víctor Quintero, cabeza de un hogar de 10 integrantes.
En plena calle, y en medio de tierra y escombros, los deportados adaptaron una cocina hecha con tablas. Tienen una alacena de madera, ollas metálicas para preparar los alimentos y una estufa a gas para calentarlos. En esta zona es donde las mujeres son más activas. En grupos de dos y tres se organizan para preparar y servir las raciones y nunca nadie se queda sin un plato de comida.
Para lavar los platos disponen de dos canecas llenas de agua; en una remojan los utensilios y en la otra los enjuagan con jabón de ropa.
Pese a las dificultades, no pierden la cordialidad y siempre que llega algún curioso no dudan en ofrecerle agua, café con leche, frutas, o incluso el almuerzo si las visitas llegan después de una hora donde todos se hayan alimentado.
La relación entre ellos es amena. Los niños corren, cantan y se ríen. Los mayores, aunque con marcados signos de cansancio, también tienen momentos para recordar mejores tiempos. En sus ratos libres juegan cartas, cuentan chistes, pero sobre todo hablan, hablan mucho de cualquier cosa.
Estos ratos libres les sivieron para hacer canciones como “La conocí en el albergue”
Todos se muestran agradecidos con la comunidad que se ha reportado con donaciones de todo tipo: provisiones, elementos de aseo, ropa, juguetes y medicinas. “De no ser por el respaldo del pueblo cucuteño ya estuviésemos muertos de hambre” dicen de común acuerdo mientras consumen un plato de carne guisada, arroz blanco y tajadas de maduro asado.
Del otro lado de la calle, amarrados con cuerdas a varios árboles, yacen un tendedero de ropa y una ducha encerrada en madera. Cuando el baño artesanal está ocupado, y dada la cercanía a un canal de aguas residuales -conocido popularmente como “canal Bogotá”-, optan por bajar hasta donde reposan las aguas negras para hacer sus necesidades fisiológicas. Estas limitadas condiciones de salubridad causaron irritación en la piel de los niños y un sarpullido en las piernas de los adultos parecido a la sarna.
Los padres de familia toman agua de un pozo subterráneo que suministra del líquido a las instalaciones de albergue migratorio, y con balde en mano asean a sus hijos sobre una avenida con flujo vehicular permanente. Muchos sienten vergüenza y se sonrojan porque tienen que salir a la calle desnudos o en ropa interior para bañarse. La ducha se convirtió en un sitio pavoroso no solo por la exposición a malestares higiénicos, sino por la pena que sienten al ser observados por los transeúntes.
“El derecho primordial de un ser humano es tener un colchón y poder dormir sin que le caiga una gota de agua, que no esté durmiendo en este basurero, ni que esté bajando a ese canal, ahí nos están vulnerando todos los derechos, inclusive el derecho a la intimidad. Con la mirada los están violando” confiesa Mario Flórez, vocero de los afectados.
Mendicidad: principal fuente de recursos
Si hay algo que tienen los deportados de Pescadero es organización. Entre ellos se encargan de delegar funciones para poder convivir ante tales condiciones. Unos hacen de vigilantes en noches y madrugadas, otros son los representantes ante las autoridades, pero hay un grupo que sobresale de los demás: los mendigos.
Al pie de la avenida, justo al lado de la cocina instalaron una especie de peaje desde donde detienen a los vehículos para que les den algunas monedas. Antes usaban un lazo para detenerlos pero ahora solo sacuden con sus manos unos recipientes que poco a poco se van llenando. También se apoyan con carteles de cartón con los mensajes “Somos deportados de Venezuela, necesitamos de su colaboración”.
Y es que su función es más importante de lo que parece pues gracias a los recaudos diarios logran reunir dinero suficiente para comprar el gas para la estufa, papel higiénico, toallas sanitarias, crema dental y cigarrillos para los fumadores. En un día de bonanza recaudan hasta 70 mil pesos pero hay ocasiones donde no llegan a los 20 mil.
Beatriz Caicedo, con la voz entrecortada, aseveró mientras contaba algunas monedas que todos los entes gubernamentales hacen presencia en la zona pero “miran, toman encuestas, llenan fichas y no solucionan nada”.
¿Qué fue lo que sucedió con los deportados de Venezuela?
Todo empezó cuando las ayudas económicas del Gobierno Nacional finalizaron a principios de año. Éstas iban desde el subsidio de arriendo de la Unidad Nacional para la Atención del Riesgo de Desastres (Ungrd), los contratos de trabajo temporal del Departamento para la prosperidad Social (Dps), las capacitaciones del SENA en áreas técnicas y operativas, y la afiliación al Sisbén.
Al no contar con una vivienda propia, y sin un empleo digno que les diera ingresos suficientes para rehacer su vida, 150 deportados optaron por las vías de hecho para reclamar mayores oportunidades. La primera semana de enero se establecieron en el parque Santander, en frente a la Alcaldía de Cúcuta. Allí duraron poco pues el secretario de Gobierno, Óscar Gerardino, acordó verbalmente con el Centro Scalabrini de Migraciones para que los recibieran durante algunas semanas.
“Encontramos familias durmiendo al aire libre en un parque, en ese momento la alcaldía por un gesto humanitario los llevó temporalmente al centro de migraciones” explica Gerardino.
Sin embargo, los días fueron pasando y las soluciones no aparecieron. Los encargados de administrar el lugar pidieron la salida de los deportados aduciendo que el plazo de atención había finalizado y que por obras de remodelación no podían seguir atendiendo a todas las familias.
Consultados los funcionarios de la posada, éstos sostuvieron que por ser un hogar de paso reciben constantemente retronados, desplazados, víctimas del conflicto o solicitantes de asilo político, y que su estancia siempre es por cortos periodos de tiempo. Sobre el particular de las 14 familias revelaron que siguieron prestándoles servicios de baño y alimentación transitoria. Los gastos de dichos servicios corrieron por cuenta del Servicio Jesuita para Refugiados y el Programa de Alimentación Mundial (PAM).
Poco a poco el número de habitantes del albergue se redujo pues algunos decidieron mudarse con amigos o familiares, y otros en cambio, fueron reubicados por acción de la Secretaría de Equidad y Género de la Gobernación. Actualmente solo quedan 44 personas.
Consternación por parte de las autoridades locales
De acuerdo a Mauricio Franco, secretario de Seguridad Ciudadana Municipal, las 14 familias están registradas en el en el Registro Único de Damnificados (RUD) administrado por la Ungrd. Con todo y ello, el funcionario no dejó de ocultar su asombro por la negativa de los manifestantes para salir del lugar.
“Hicimos la oferta institucional, se les llevó al colegio a los jóvenes, se les llevó afiliación al sistema de salud, se les dio kits escolares, pero se nos hace muy raro que hicimos la gestión para que las familias entraran al programa de empleos temporales del DPS pero no les interesó. Entonces no sabemos qué es lo que están buscando cuando lo que más se pedía era trabajo” sostuvo.
Además el secretario dijo que estudiará una serie de quejas de personas cercanas al sitio, quienes le aseguraron que hay padres que obligan a sus hijos “a pedir limosna en el canal Bogotá y a los niños no se les puede utilizar para ningún tipo de trabajo”.
Omar Pérez Monsalve, uno de los deportados de Venezuela que vive en una de las carpas junto a su esposa y tres hijos, sostuvo que es falso que ellos no hubiesen querido aceptar los contratos del DPS; aseguró que pese a ser prioridad, el Departamento tuvo en cuenta primero a aquellos que en 2015 firmaron contrato con la institución.
“Es falso que no hubiésemos aceptado los contratos. Cuando se iba a cerrar la convocatoria llamaron a la gente para que obtuviera los últimos cupos, y los demás deportados lograron inscribirse y nosotros no alcanzamos a llegar y quedamos por fuera” dijo Pérez.
La respuesta de las instituciones nacionales
Durante el éxodo masivo en el marco de la declaratoria de Estado de Excepción del gobierno de Nicolás Maduro a finales de agosto de 2015, la administración de Juan Manuel Santos desplegó una serie de ayudas para atender oportunamente a los afectados. EL SENA y el DPS celebraron un contrato de hasta mil 200 millones de pesos para financiar proyectos de emprendimiento de la población afectada y convertirla en microempresaria.
De esa invitación (No 215045 Sena-Fonade, convocatoria Fondo Emprender No 44) solo se priorizaron siete en el primer cierre de resultados. Ninguno de los beneficiarios está dentro de los manifestantes deportados de Venezuela.
Por su parte el Sena sostuvo que en los últimos cinco meses, 606 personas en calidad de deportados o retornados fueron capacitados en programas de cocina, informática, belleza, panadería, electricidad, ventas, manipulación de alimentos, soldadura, construcción, mantenimiento de motos, electricidad, confecciones, motores diésel, proyecto de vida y trabajo seguro en alturas. La dirección regional de la entidad sustentó que el ciclo de capacitaciones tuvo un costo operacional de 540 millones de pesos, que sirvieron para cubrir salarios del personal y adquirir materiales de formación, combustible, servicios públicos, elementos de aseo, cafetería y servicio de transporte.
Asimismo se dio a conocer que 622 deportados fueron colocados laboralmente vía Agencia Pública de Empleo en sectores como construcción, servicios, vigilancia, industria, calzado, comercio, comunicaciones, agro, alimentos, confección, gastronomía, ventas, mercado, metalúrgico, administrativo y transporte.
El ICBF-seccional Norte de Santander sustentó que ha atendido a los niños, niñas y adolescentes que habitan en las carpas mediante la entrega de 613 unidades de bienestarina líquida y galletas fortificadas; así como también el desarrollo de actividades de acompañamiento psicosocial, talleres de alivio emocional y jornadas pedagógicas contra la violencia sexual.
Mientras tanto el DPS aseguró que dio contratos de trabajo temporales a ocho deportados que habitan en Pescadero, que se suman a otros 393 acuerdos laborales celebrados con personas de Villa del Rosario y Cúcuta por un periodo de cuatro meses “con un salario correspondiente al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) proporcional al tiempo laborado, que en este caso correspondía a una dedicación de medio tiempo”, es decir 344 mil 727 pesos mensuales.
Salida por la fuerza
Pescadero es un barrio de clase media, dentro de su perímetro se encuentra la sede principal del SENA, un puente tirante que da a la avenida sexta, y unas cuadras más adelante está la terminal de transporte.
“todos los días estamos alertas porque en cualquier momento puede llegar el ESMAD a sacar todo. Nos quitarán las carpas pero si tenemos que tirarnos al canal a dormir lo haremos. Las familias van a quedar en la calle” dicen los líderes del grupo de deportados de Venezuela.
En los próximos días se tiene previsto iniciar una acción de desalojo por orden de la Alcaldía, que considera que los deportados no tomaron la iniciativa para salir del lugar y es el momento oportuno para evacuarlos del lugar.
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